Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’el último comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ha reconocido públicamente su responsabilidad en los actos de secuestro, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados por esta guerrilla durante su mandato en medio del conflicto armado en Colombia.
Así lo ha afirmado en una audiencia pública en Bogotá, convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo creado tras el Acuerdo de Paz firmado entre este grupo subversivo y el Gobierno colombiano, en 2016, cuyo papel principal es esclarecer la verdad. y establecer responsabilidades por los hechos atroces cometidos en la guerra contra los grupos irregulares en Colombia.
“Estamos ante ustedes reconociendo que, en nombre de las ideas revolucionarias, cometimos estos crímenes de lesa humanidad”, dijo Londoño, presidente del partido Comunes, la remanente política de las desmovilizadas FARC, en medio de una transmisión en vivo recogida por Colombia. medios de comunicación.
Durante su breve intervención, Londoño reconoció que sus militantes y miembros de su grupo tenían “ceguera política” e “insensibilidad humana” para secuestrar y cometer estos crímenes contra la sociedad colombiana. Esta audiencia tuvo como objetivo reconocer el contenido del denominado “Caso 01”, que investiga la toma de más de 20.000 rehenes, entre ellos 400 agentes de la Fuerza Pública.
Londoño califica el secuestro como un crimen “abominable”
‘Timochenko’ reconoció que bajo sus órdenes ocurrieron miles de crímenes, cuando los comandantes de las FARC, incluso antes de su ascenso al más alto cargo de la guerrilla, promovieron los secuestros como una táctica disuasoria contra el gobierno colombiano, para ejercer presión y lograr la libertad de los guerrilleros capturados y encarcelados en el país.
Las investigaciones que lleva la JEP indican que los secuestros se realizaron contra personas de todos los estratos sociales, sin distinción de departamentos o ciudades, género, edad o vulnerabilidades específicas.
Además, Londoño ha reconocido que el daño causado no se limitaba a los privados de libertad desde hace años, sino que la condición de víctimas se extendía a todos los miembros de la familia, por lo que calificó el secuestro como una “práctica abominable”.
“Vengo como último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa máxima dirección a reconocer la ejecución de la política de secuestro, reconocimiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de carácter no amnistía”, aseguró Londoño tras admitir que, en 2011, año en que fue nombrado jefe del Estado Mayor guerrillero, la cúpula ya había decidido abandonar la práctica de tomar rehenes.
Para el compareciente “eran finanzas para sostener el levantamiento. Luego llegamos al crecimiento desbordante de la organización y esta práctica era incontrolable en muchas regiones y luego a la descomposición de la dirigencia y era hacer pactos con delincuentes”, agregó Alape Lascarro. pic.twitter.com/3UPgl7xuVG
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 22 de junio de 2022
JEP Caso 01
“El trato dado a los rehenes quedó a criterio del guardia y del comandante de turno, y las víctimas han denunciado casos graves de tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro”, dijo la jueza Julieta Lemaitre.
La JEP abrió el Caso 01 en julio de 2018, y hasta la fecha ha logrado recabar los nombres y datos de 21.396 víctimas de privación de libertad de este grupo subversivo. Por este caso han sido imputados los siete cabecillas de la última edición de las FARC, además de Londoño están Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Grana Escobar. .
Como dijo Gallo: “Somos conscientes del daño que causamos al entorno familiar, cuando los convertimos en una mercancía y para presionar para una negociación, incluso les dijeron a sus familias y a los secuestrados, cosas que no correspondían a la realidad. ” pic.twitter.com/22TSWrvpdr
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 22 de junio de 2022
Los implicados serán acusados de las violaciones a los derechos humanos de los miles de colombianos retenidos, obligados a vivir en las selvas de Colombia en condiciones infrahumanas, principalmente entre 1993 y 2012. Los futuros imputados serán imputados por las órdenes que derivaron en delitos de delitos lesa humanidad, privaciones severas de la libertad, crímenes de guerra, toma de rehenes, así como desapariciones forzadas y asesinatos en los que terminaron numerosos secuestros.
🎥 Durante la sesión de audiencia de reconocimiento este 22 de junio, se abordará el segundo patrón delictivo: ‘privación de la libertad con fines de financiación’.#ReconocerNoRepetir#JusticiaParaLosSecuestrados pic.twitter.com/Ldm2kmL0zq
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 22 de junio de 2022
Asimismo, se imputarán cargos relacionados con todo lo que algunas de las víctimas vivieron bajo el control de sus subordinados, como trato cruel, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado o esclavitud.
